Por sector público se entiende el conjunto de instituciones u organismos que regulan, de una forma u otra, las decisiones colectivas de carácter político, económico, social y cultural de un país.
Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica como consumidor y como productor. Así, actúa como unidad económica de consumo cuando adquiere bienes y servicios de las empresas privadas (nacionales o extranjeras) para desarrollar las funciones y los objetivos que tienen encomendados; para ello se financia, fundamentalmente, a través de los impuestos. Por otro lado, actúa como unidad económica de producción a través de las empresas públicas que producen bienes y prestan servicios de interés público (infraestructuras, enseñanza, sanidad).
Las funciones que se le asignan al sector público en una economía mixta son las siguientes:
- Fomentar la eficiencia económica, para ello, interviene tratando de corregir los fallos del mercado, por ejemplo: lucha contra los efectos nocivos de determinados procesos productivos como la contaminación, fomenta las externalidades positivas como la I+D+i, provee de bienes públicos, defiende la libre competencia, etc.
- Mejora la distribución de la renta. El Estado redistribuye la renta, tratando de ayudar a los ciudadanos con rentas más bajas, por medio de la política de impuestos y de gastos y también mediante la regulación.
- Propiciar la estabilidad y el crecimiento económico. Al tratar de suavizar las fluctuaciones cíclicas intenta evitar los aumentos del nivel de desempleo en las recesiones y de los precios en las fases expansivas. Todas estas funciones las realiza el sector público con los objetivos de estabilizar los precios, propiciar el crecimiento económico haciéndolo a su vez sostenible con la protección del medio ambiente, conseguir el pleno empleo, mejorar la distribución de la renta, y evitar el déficit público y el déficit exterior en la medida de lo posible. Para conseguir sus objetivos y desarrollar sus funciones, el sector público presenta la siguiente organización, en la que se identifican cuatro grandes niveles:
- Administración Central o Administración General del Estado. Está compuesta por la Presidencia del Gobierno, los ministerios y los organismos de carácter autónomo, como el Boletín Oficial del Estado (BOE), adscrito al Ministerio de la Presidencia, o el Instituto Nacional de Estadística (INE), adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. También compete a esta administración la gestión del sistema de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Finalmente, cabe señalar que aunque España es un Estado descentralizado y la Administración Central ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente, por la cesión de poder a las administraciones regionales, es la que mayor número de funciones tiene atribuidas.
- Administración regional o autonómica. Las Comunidades Autónomas han ido asumiendo progresivamente competencias que antes correspondían a la Administración Central, como es el caso de la sanidad y de la educación. Estas administraciones disponen de presupuesto propio, aunque sus ingresos proceden fundamentalmente del Estado.
- Administración local. Como indica su nombre, el área de influencia de este tipo de administración es de ámbito local, realizando tareas cercanas a los ciudadanos (alumbrado, suministro de agua, recogida de basura, etc.). Aunque estas administraciones también disponen de presupuesto propio, sus ingresos siguen proviniendo fundamentalmente del Estado. Los principales ejemplos de administraciones locales son los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales.
- Sector público empresarial. Como se ha expuesto anteriormente, el sector público también interviene en la actividad económica como productor de bienes y servicios mediante empresas públicas financieras y no financieras.
La privatización es una reacción a la crisis del Estado Empresario de la posguerra, la cual adquiere formas diversas en relación con la realidad socioeconómica donde se realice. El termino de privatización es poco específico ya que cubre un conjunto extenso de fenómenos que abarcan desde la desregulación hasta la desnacionalización; es por eso que en el ensayo se hace la distinción entre el significado amplio entendido como un conjunto de técnicas económicas dirigidas a disminuir la intervención del Estado y el estricto o restrictivo que se refiere únicamente a la transferencia de propiedad pública al sector privado. La noción amplia de la privatización encierra, entre otros, acciones de desmonopolización, desregulación de actividades y la subcontrataciones. Mientras que la noción restrictiva hace referencia a la desnacionalización y la desestatización. En el ordenamiento colombiano se llevan a cabo primordialmente la desnacionalización y la desestatización, cuyo marco constitucional establece el papel y dimensión del Estado, y su relación con la sociedad. Esto condiciona la actividad económica a las finalidades generales del Estado y los objetivos específicos de la propia Constitución. Las finalidades de la privatización son múltiples y su importancia descansa en la armonía que mantengan con el ordenamiento constitucional respectivo y sus objetivos. Una vez establecidas aquellas condicionantes de la decisión de privatización el principal dilema de la operación privatizadora, a cargo del legislador, es llevar a cabo los diferentes procedimientos de privatización teniendo en cuenta la particularidad de cada caso.
LA PRIVATIZACIÓN EN COLOMBIA
La Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia y Polonia están en un proceso acelerado de privatización. En América Latina, México, Chile y aún Argentina han privatizado importantes empresas estatales y empresas públicas. En su reciente visita a Bogotá, el ministro de Planificación de Venezuela, Miguel Rodríguez, nos contaba de los ambiciosos planes de privatización del Gobierno en ese país. En Venezuela, por ejemplo, sí van a privatizar el servicio telefónico. En materia de privatización, Colombia sigue siendo el Tibet: aislada del resto del mundo. Aquí nadie siquiera discute la posibilidad de privatizar las empresas estatales que todos sabemos son ineficientes. La gente está desesperada con los aumentos en los precios de la energía eléctrica, pero nadie plantea la posibilidad de privatizar las empresas eléctricas para aumentar la eficiencia y así controlar los aumentos en precios que tiene que pagar el consumidor.
En telefonía, no ha pasado nada. Obviamente no se habla de privatizar las empresas municipales ni Telecom, pero ni siquiera se ha avanzado en la autorización para que empresas privadas entren al negocio de telefonía celular.
El único avance reciente ha sido el debate auspiciado por Jaime Castro sobre la privatización de las licoreras. Estas tienen todas las desventajas del sector público. Son tan ineficientes que le generan muy pocos recursos a las instituciones de salud departamentales. Su razón de ser real es colocar a los amigos políticos del gerente de turno, financiar las campañas políticas y canalizar hacia los administradores las comisiones en las compras de equipos.
Sería mucho mejor para la comunidad privatizar la producción de licores y poner un alto impuesto a la venta con destino al sector salud. También sería importante prohibir la propaganda de los licores, dado su efecto dañino sobre la salud. La manera de disminuir el consumo es aumentar su precio a través de un impuesto a las ventas y limitar la propaganda. El actual sistema promueve el consumo a través de la competencia en propaganda de las diferentes licoreras departamentales y a través de la competencia de precios entre ellas. Esa competencia reduce los ingresos para la salud, cosa que no ocurriría si estos dependieran de un impuesto a las ventas.
